LA VERDAD SOBRE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ESPAÑA

La producción cinematográfica independiente en España está francamente mal y de momento no tiene visos de cambiar a corto plazo. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, modesto e intrascendente, se ha producido lo que podríamos definir como la “tormenta perfecta”. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
Es lo que intentaré explicar. En un principio la LGCA obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que difundan canales de televisión, a destinar  el 5% de sus ingresos de explotación (6% si la empresa es pública) a financiar cualquier tipo de obra audiovisual europea. El 60% debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España; si la empresa es pública los porcentajes se sitúan en el 75% y 60% respectivamente. Además, tienen la obligación de inversión en obras de productores independientes a la que deberá destinarse, al menos, el 50% del importe de ese 5%.
Hasta aquí todo correcto. Si consultamos el informe del Instituto de Cinematografía y de la Artes Audiovisuales anexo al informe de la CNMC, veremos que la ley se aplica. Pero la pregunta es, ¿cómo se aplica?
Y aquí es donde entra el concepto de “tormenta perfecta”. Pocas subvenciones y con la obligación si quieres optar a ellas en demostrar que tienes el 50% financiado, con lo que necesitas encontrar esa financiación. ¿Y a quién se recurre? Pues lógicamente a las cadenas de televisión apelando a esa obligación de invertir en producciones independientes. Ellas conocedoras de la necesidad de las productoras fijan sus condiciones. ¿Cómo?
Las cadenas vehiculan la obligación de inversión a través de sus propias productoras, y éstas, son las que invierten en régimen de coproducción con las productoras independientes. “¡Perfecto!”, es lo que diríamos los productores si no fuera porque los contratos de coproducción se convierten en contratos de “adhesión”.
En esos contratos que son innegociables, ya hemos dicho que son de adhesión, dominan las condiciones impuestas por las cadenas. Los ejemplos más claros los tenemos en las condiciones de explotación de la película donde el productor no percibe ningún ingreso hasta que las televisiones no han recuperado el 100% de su aportación y la renuncia a favor de las televisiónes en los porcentajes que ellas propongan de los derechos de explotación en los diferentes canales de distribución aparte de aceptar cualquier imposición artística propuesta por la cadena. En resumen, al final de su explotación, en el supuesto de que haya sido un éxito, el productor sólo recibe una pequeña compensación de su coproducción con la cadena con lo que se convierte en un “productor dependiente” económicamente hablando.
¿Hay solución? Rotundamente, sí. Hace más casi diez años se incorporo a la Ley del Cine la figura de las Agrupaciones de Interés Económico, o AIE’s cinematográficas. Este sistema incentiva a empresarios ajenos a la industria del cine y el audiovisual a que participen en la financiación de la obra como un productor más, pudiendo acceder gracias al régimen de “transparencia fiscal” aplicable a la AIE, a la deducción del 25% hasta el primer millón invertido, y el 20% el resto hasta un máximo de €15M.
Y aquí viene mi ventaja favorita de esta Ley de cine.
Los inversores potenciales no medirán el retorno de sus inversiones exclusivamente al resultado económico de la explotación de la película, sino que ahora cuentan también con la certeza de la repercusión de su inversión: la que se obtiene en la deducción, más la imputación de las BIN’S . Es decir, ofrecen garantías y seguridad jurídica.
Jordi Carbonell
CEO Produccions del Primer Cinquena, S.L